Ciudad Guayana.- Diversas interrogantes se han suscitado ante la aprobación de normativas que van en detrimento del sector inmobiliario. La Ley de Arrendamiento, la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria; son algunos de los decretos que ha hecho el Ejecutivo Nacional y que a poco tiempo de su aprobación han tenido un impacto negativo en la oferta de renta y venta de viviendas.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, Aquiles Martini Pietri explicó cómo es que a partir de esta ley los propietarios quedan totalmente desprotegidos y en riesgo de perder su inmueble, lo que crea un desbalance en la relación comercial que ha ido liquidando la oferta arrendataria en el país.

“El objeto de las legislaciones es garantizar a las personas sus derechos y lamentablemente la Ley de Arrendamiento viola justamente eso, ya que desprotege al propietario y resta la libre disponibilidad de la propiedad privada expuesta en el Artículo 115 de la Constitución Nacional, en beneficio de los demás venezolanos que también tienen derecho a una vivienda digna”.

El desfase de estas reglas está precisamente en que quien posea una vivienda alquilada no podrá desalojar al ocupante mientras el Gobierno no le consiga un sitio para vivir, lo que trae a colación la realidad habitacional en Venezuela, la misma que tiene un déficit de 2 millones 750 mil.

Es por ello que no hay forma en que el arrendatario pueda resguardar su bien, lo que lo lleva a retirarse del mercado, mientras continúe la ausencia de una normativa que blinde su pertenencia.

Las consecuencias ya se pueden observar. En los periódicos regionales y nacionales se nota la ausencia de clasificados para alquilar apartamentos y viviendas. Muchos han preferido restar este ingreso o vender de cara al riesgo de perder el inmueble.

La bandera GMVV

En cuanto a las políticas gubernamentales para atacar el déficit habitacional, Martini opinó que no se está abordando con la debida mesura la falta de viviendas. Para él la realidad se desdibuja con cifras falsas de las casas que se están construyendo.

El Ejecutivo Nacional creó la Gran Misión Vivienda Venezuela en la bandera de su Gobierno, pero esta no se ha ejecutado cabalmente y sólo ha paliado la grave enfermedad de carencia habitacional que sufre Venezuela.

La denuncia del titular de la Cámara Inmobiliaria responde al maquillaje de la cantidad real de entregas que se están haciendo. Constantemente el Gabinete Nacional se vanagloria con la concesión de ciertos complejos, cuando la verdad es que la mayoría obedece al programa “casa por racho”, es decir, mejorías y no edificaciones nuevas.

Desde el segundo semestre de 2011 a 2012, se han adjudicado 225 mil viviendas, de las cuales 110 mil son resultado de adecuaciones, 65 mil han estado a cargo del sector privado y el resto ha sido obra del Gobierno.

Esto es el resultado de la construcción de 6 mil viviendas al mes, lo que dará a final de año 75 mil entre ambos sectores, cifra que no suple las necesidades del país en relación al crecimiento vegetativo, puesto que éste supera las 100 mil.

“Si a esto tú le agregas que a los constructores privados se les está excluyendo, que no hay materias primas y que la permisología es bastante restringida, entonces es cuando se llega a la conclusión de que el Gobierno no está aplicando las políticas necesarias para atacar el problema”.

Resaltó que esto obedece a una estrategia electoral, ya que cada jueves se hacen publicaciones de entregas de la GMVV que no pueden ser comprobables.

Las secuelas son los miles de damnificados y las invasiones diarias.

Aunado a esto no se están dando títulos de propiedad, lo que implica que a quienes se les cede un hogar no pueden vender a futuro para buscar una mejor situación habitacional. Tampoco tienen acceso a hipotecas, ni se podrá heredar.

Positiva ampliación crediticia

Respecto a las nuevas normas que publicó el Ministerio de la Vivienda y Hábitat para regular los créditos para la adquisición de vivienda principal a través de la gaveta hipotecaria y la Ley de Vivienda, expresó que las disposiciones que hablan de una extensión de las fechas de pago y préstamos de hasta 100% para comprar un hogar, representa una gran oportunidad y apoyo para quienes no pueden reunir un capital por la inclemente inflación que hay en el país.

Recordó que la situación económica de Venezuela da como resultado que no haya posibilidades de ahorro y menos con un salario básico que apenas da para suplir la mitad de la cesta alimenticia. Por tal motivo, esta alternativa abre posibilidades de demanda de vivienda, “lamentablemente la oferta que hay es poca, no hay construcciones suficientes para suplir”.

En la actualidad ni siquiera el sector privado puede encarar este déficit, las cifras del Banco Central de Venezuela así lo evidencian. “Hace 13 años había una participación de capital privado de 43% del PIB de la construcción, entre: viviendas, oficinas y locales comerciales. Ahora es menos de 20%”.

Según cifras del BCV, para el primer trimestre de este año la construcción creció en 29,5%, pero entre líneas también está el hecho de que el sector privado decreció en este ámbito un 10,5%. Decaimiento sostenido que se viene suscitando desde hace nueve trimestres consecutivos.

Esto responde a políticas ideológicas del Gobierno, que desea perfilarse como el mayor constructor del país, pero está errando ya que el índice ha mermado y además va en detrimento del empleo a venezolanos, pues se está trayendo fuerza de trabajo de otras latitudes para el emprendimiento de obras.

Adicionalmente de acuerdo a informaciones que maneja Martini Pietri, las viviendas entregadas no cuentan con todos los servicios, ni las condiciones básicas como agua, luz, cloacas, estacionamiento, entre otros.

“Participación de todos”

Para solucionar esta problemática el presidente de CIV puntualizó que se debe partir del hecho de que todos deben estar incluidos en el desarrollo constructor, ayudado de un marco jurídico que respete la propiedad privada y el derecho de los venezolanos.

Debe haber un consenso de todas las partes, en especial de los surtidores de materia prima como el cemento, cabillas, bloques y demás materiales.

“Primeramente, debe haber un restablecimiento del orden y del respeto al sector privado”.